La controversia por el Proyecto del Senado 1062 trasciende a Nueva York, mientras legisladores y organizaciones de derechos civiles advierten que las enmiendas podrían debilitar las protecciones de estudiantes inmigrantes en las escuelas públicas.
Por: Francisco J. Cartagena Méndez - El Jimagua
Por NotiDigitalPR | 7 de noviembre de 2026
SAN JUAN, Puerto Rico. — El secretario general del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau Ramírez, y el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, expresaron su rechazo a las intervenciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) contra comunidades inmigrantes en Puerto Rico, en medio de la controversia provocada por la aprobación del Proyecto del Senado 1062, una medida que originalmente buscaba fortalecer las garantías educativas de estudiantes con estatus migratorio no definido..jpg)
Juan Dalmau Ramírez
Las expresiones surgieron durante las actividades de la conferencia SOMOS 2026, celebrada en San Juan, donde dirigentes políticos puertorriqueños y neoyorquinos abordaron las políticas migratorias federales y sus consecuencias para las familias inmigrantes. Dalmau denunció que las modificaciones introducidas al proyecto podrían facilitar intervenciones migratorias en los planteles escolares, mientras Mamdani se sumó a los reclamos de protección de las comunidades afectadas.
Dalmau denuncia debilitamiento de las protecciones escolares
«Los principios universales no se negocian. La dignidad humana no tiene precio», manifestó Dalmau, quien también expresó el compromiso del PIP de continuar oponiéndose a las intervenciones migratorias que, según denunció, afectan a comunidades vulnerables.
En declaraciones difundidas mediante sus redes sociales, Dalmau rechazó que los centros educativos puedan convertirse en escenarios de persecución migratoria y planteó que la controversia trasciende las diferencias partidistas. Su posición se produjo después de que la delegación independentista votara contra la versión modificada del proyecto en el Senado.
Mamdani se suma a los reclamos desde Puerto Rico
El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, participó en actividades relacionadas con la conferencia SOMOS y expresó su respaldo a las comunidades inmigrantes frente a las intervenciones federales. Su participación coincidió con las críticas formuladas por Dalmau y organizaciones defensoras de los derechos civiles respecto a las garantías que deben ofrecerse a los menores en los planteles escolares.
Zohran Mamdani
La controversia también recibió atención de otros funcionarios electos de Nueva York. La congresista Nydia Velázquez y el congresista Adriano Espaillat participaron en actividades en Puerto Rico donde cuestionaron las políticas migratorias federales y reclamaron mayores mecanismos de protección y supervisión de las actuaciones de ICE.
La coincidencia de estos pronunciamientos colocó el debate legislativo puertorriqueño en un escenario político más amplio, vinculado con las preocupaciones de comunidades caribeñas y latinoamericanas tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos.
¿Qué establece el Proyecto del Senado 1062?
El Senado de Puerto Rico aprobó el 5 de noviembre el Proyecto del Senado 1062, presentado por la senadora Nitza Morán Trinidad, con el propósito declarado de garantizar el acceso a la educación pública de estudiantes inmigrantes y establecer protecciones relacionadas con la matrícula, la confidencialidad de información personal y las intervenciones de autoridades migratorias.
La medida recibió 20 votos a favor y cuatro en contra. Entre quienes la rechazaron estuvieron los dos senadores del PIP y los senadores independientes Joanne Rodríguez Veve y Eliezer Molina.
Sin embargo, las enmiendas incorporadas durante su trámite legislativo provocaron cuestionamientos sobre si la versión aprobada ofrece garantías equivalentes a las del protocolo administrativo vigente en el Departamento de Educación.
Una de las modificaciones más controvertidas habría permitido intervenciones de agentes migratorios mediante órdenes administrativas emitidas por las propias autoridades federales. Esa disposición fue eliminada durante el debate senatorial, por lo que la versión finalmente aprobada mantiene el requisito de una orden judicial para autorizar el acceso a áreas no públicas de los planteles.
No obstante, las preocupaciones no desaparecieron con esa modificación.
Persisten cuestionamientos sobre asesoría legal y acompañamiento de menores
La senadora independentista María de Lourdes Santiago advirtió que el proyecto conserva cambios que podrían debilitar las salvaguardas existentes, particularmente en los procedimientos de consulta legal y acompañamiento de estudiantes durante intervenciones migratorias.
Según explicó, el protocolo vigente del Departamento de Educación contempla procedimientos de autorización y asesoramiento jurídico antes de permitir determinadas actuaciones de agentes federales. En cambio, la versión legislativa aprobada dispone que el Departamento podrá consultar al Departamento de Justicia de Puerto Rico, formulación que, a juicio de la senadora, convierte en opcional una protección previamente establecida.
También cuestionó que el acompañamiento de menores por sus padres, tutores o representantes legales aparezca condicionado a determinadas circunstancias, en lugar de conservar las garantías contempladas en el protocolo administrativo.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Puerto Rico expresó preocupaciones relacionadas con el derecho a la educación, la intimidad, la confidencialidad de los expedientes estudiantiles y las protecciones frente a intervenciones de las autoridades migratorias.
El Senado defiende la intención protectora de la medida
Desde la mayoría legislativa, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, defendió el proyecto como una iniciativa dirigida a convertir en ley las protecciones educativas de estudiantes inmigrantes, en lugar de depender exclusivamente de disposiciones administrativas.
La senadora Nitza Morán Trinidad, autora de la legislación, presentó la propuesta como un mecanismo para garantizar que los estudiantes puedan acceder a la educación pública sin discrimen por su situación migratoria.
Esta interpretación contrasta con los señalamientos de legisladores de minoría y organizaciones defensoras de derechos civiles, que sostienen que algunas de las modificaciones podrían reducir las garantías ya existentes.
El proyecto deberá continuar su trámite en la Cámara de Representantes antes de convertirse eventualmente en ley. Por tanto, su aprobación en el Senado no significa que sus disposiciones hayan entrado en vigor.
La protección de la niñez en el centro de la controversia
El debate ocurre en un contexto de recientes intervenciones migratorias en distintas comunidades de Puerto Rico, incluyendo Santurce, Río Piedras y Canóvanas. Estas actuaciones han generado preocupación entre organizaciones comunitarias y defensoras de inmigrantes por sus posibles consecuencias sobre la estabilidad familiar y la seguridad de personas con estatus migratorio no definido.
La controversia sobre el Proyecto del Senado 1062 plantea una interrogante central: si una legislación concebida para proteger a estudiantes inmigrantes conserva efectivamente las garantías del protocolo vigente o introduce modificaciones que podrían debilitar su aplicación.
Mientras Dalmau, Mamdani y otros funcionarios reclaman mayores protecciones frente a las intervenciones migratorias, el futuro de la medida dependerá de su evaluación legislativa en la Cámara de Representantes.
La discusión continúa centrada en el alcance de las garantías educativas, la protección de la información confidencial y las responsabilidades de las autoridades escolares frente a posibles intervenciones federales.
NotiDigitalPR — Periodismo Independiente con Propósito
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