Columnas de Opinión | Especial para NotiDigitalPR
Por: Javier Hernández
Escritor, politólogo y especialista en Relaciones Internacionales
Puerto Rico vuelve a enfrentarse a interrogantes que siguen marcado nuestra historia: ¿Quién gobierna nuestro país? ¿Quién responde por los actos de ICE y quién protege la dignidad de quienes viven aquí?
Las recientes intervenciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en comunidades puertorriqueñas han generado preocupación, denuncias por parte de organizaciones de derechos civiles y debate público sobre
los límites de la autoridad federal. No se trata solo de la inmigración, sino también de los derechos humanos de las personas inmigrantes que viven en Puerto Rico, de la responsabilidad gubernamental a nivel local y de nuestra capacidad colectiva para exigir justicia.En octubre, se han reportado varios operativos migratorios en distintos sectores de San Juan, especialmente en Barrio Obrero y Río Piedras. Agentes federales, armados con armas largas y vestidos con indumentaria de tipo militar (tipo Rambo), han realizado varias redadas intimidantes en el área metropolitana. Durante uno de estos operativos, incluso irrumpieron en una iglesia católica, aparentemente mientras buscaban a un inmigrante, lo que provocó temor entre los feligreses presentes. Al respecto, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) ha denunciado detenciones que considera contrarias a las garantías legales, mientras las autoridades federales sostienen que aplican las leyes migratorias dentro de su jurisdicción.
Estas controversias exigen un análisis riguroso. Una sociedad democrática no puede limitarse a aceptar que una autoridad invoque sus atribuciones legales; también debe examinar cómo las ejerce.
Una realidad que no podemos ignorar
Puerto Rico tiene una historia singular, marcada por siglos de dominio español y, desde 1898, por su vínculo colonial y territorial con Estados Unidos. La
cuestión de su estatus político continúa sin resolverse definitivamente, a pesar de los distintos procesos de consulta celebrados en la isla. Hasta el momento, no se ha concretado una solución que cuente con el consenso de los tres principales partidos políticos, el pueblo puertorriqueño y el Congreso de Estados Unidos.La realidad colonial actual se hace evidente cuando las decisiones federales inciden directamente en la vida cotidiana de nuestras comunidades. Las leyes migratorias de Estados Unidos se aplican en Puerto Rico sin la voz ni el consentimiento de los boricuas. Sin embargo, esta realidad política no exime al gobierno federal de su obligación de respetar las protecciones constitucionales y garantizar el debido proceso.
La autoridad legal y la legitimidad de las intervenciones de ICE son conceptos distintos. Un arresto puede ser impugnado ante los tribunales, una detención puede resultar improcedente y una actuación gubernamental contraria a derecho puede dar lugar a una reparación, según las circunstancias.
La historia demuestra que el ejercicio del poder público requiere límites y mecanismos de supervisión efectivos, sobre todo cuando quienes lo ejercen portan armas, tienen facultades para detener personas y pueden separarlas de sus hogares y familias.
Nuestros vecinos inmigrantes también forman parte de Borinquen
Puerto Rico ha sido durante generaciones un punto de encuentro entre pueblos antillanos. Diversas comunidades de inmigrantes como las dominicanas, cubanas, haitianas y otras, han contribuido a nuestra economía, cultura y vida social. Trabajan, estudian, mantienen negocios, forman familias y contribuyen a nuestra economía. Sus historias también forman parte del Puerto Rico contemporáneo. Por eso, las imágenes y los testimonios de las operaciones migratorias despiertan inquietudes que trascienden cualquier debate partidista.
¿Qué sucede con los hijos e hijas cuando detienen a sus padres? ¿Cómo se asegura de que reciban representación legal a tiempo? ¿Qué mecanismos existen para investigar denuncias por uso excesivo de la fuerza o por discriminación? Estas preguntas merecen respuestas documentadas, no descalificaciones automáticas.
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| Annette Martínez Orabona, ACLU PR |
Por ejemplo, en septiembre de este año, la ACLU de Puerto Rico acudió ante el tribunal federal para impugnar la detención del empresario mexicano Sandro González Domínguez. Más tarde, un juez ordenó que regresara a Puerto Rico, luego de que lo hubieran trasladado fuera de nuestra jurisdicción, mientras se evaluaba su recurso judicial.El caso evidenció la importancia de contar con tribunales capaces de revisar las actuaciones administrativas. La dignidad humana no debe ser condicionada por el lugar de nacimiento, el tipo de pasaporte, o la situación migratoria de una persona.
El poder debe rendir cuentas
Quienes aplauden y abogan por una aplicación más estricta de las leyes migratorias sostienen que el gobierno federal es responsable de controlar la inmigración y de hacer cumplir las disposiciones aprobadas por el Congreso.
Estemos a favor o en contra, dichas posturas forman parte del debate democrático. Sin embargo, existe una distinción fundamental entre defender el cumplimiento de la ley y justificar el uso de procedimientos intimidatorios que puedan vulnerar los derechos y las garantías legales de las personas durante su aplicación. Ninguna agencia debe quedar exenta de la fiscalización judicial, legislativa o ciudadana.
Las autoridades federales y puertorriqueñas deben explicar acuerdos de cooperación, los criterios que rigen los operativos migratorios, así como la manera en cómo tratan la información confidencial. También deben respetarse las garantías y protecciones que tienen las personas detenidas. La transparencia institucional no debilita el Estado de derecho; lo fortalece.
Asimismo, quienes denuncien irregularidades deben contar con mecanismos de protección seguros para presentar pruebas, solicitar investigaciones y acudir a los tribunales sin temor a represalias ilegítimas.
Puerto Rico, su identidad y su futuro
La discusión sobre las intervenciones de ICE
debe invitarnos a reflexionar sobre una cuestión mucho más amplia: ¿cómo se distribuye el poder político en Puerto Rico? Para quienes apoyan la independencia y la soberanía nacional**, la condición colonial y territorial limita** fundamentalmente el ejercicio de la soberanía del pueblo puertorriqueño.Quienes favorecen otras alternativas de estatus político tienen perspectivas distintas sobre cómo garantizar los derechos, la representación y el ejercicio de la autoridad democrática en la isla. Sin embargo, estas diferencias no deben impedir el reconocimiento de una responsabilidad común: exigir el respeto a la dignidad humana, las garantías constitucionales y el debido proceso, independientemente de las preferencias políticas de cada ciudadano.
Proteger las libertades civiles, exigir procesos justos y defender la integridad de nuestras comunidades son responsabilidades que van más allá de las preferencias sobre el futuro político de nuestro archipiélago. Nuestra historia ofrece numerosos ejemplos de puertorriqueños que cuestionaron el ejercicio del poder, reclamaron sus derechos y defendieron sus convicciones en circunstancias adversas.
Recordar ese legado también implica reconocer que el patriotismo puede manifestarse en la defensa de las garantías fundamentales de todas las personas, aun cuando existan profundas diferencias políticas. La bandera puertorriqueña representa una historia compartida y, a la vez, una pluralidad de experiencias, aspiraciones y formas de entender nuestra identidad nacional.
La responsabilidad de nuestra generación
Los acontecimientos actuales imponen una responsabilidad especial a periodistas, juristas, educadores, funcionarios públicos y organizaciones comunitarias. Documentar los hechos, distinguir entre las denuncias y las determinaciones judiciales, proporcionar información jurídica confiable y promover un diálogo público informado son tareas esenciales.
La diáspora puertorriqueña también desempeña un papel importante en esta conversación. Su experiencia en comunidades estadounidenses diversas puede aportar perspectivas sobre los derechos civiles, la representación y las políticas migratorias. Ni la indiferencia ni la desinformación ayudan a resolver estos problemas.
Puerto Rico merece un debate público informado sobre el alcance de la autoridad federal, las responsabilidades del gobierno local y las garantías jurídico-legales de quienes viven en nuestro país, independientemente de su estatus migratorio. Borinquén es más que una jurisdicción administrativa: es una nación, una comunidad diversa, histórica y cultural cuya dignidad merece respeto. Si algo ha quedado claro es que, sin lugar a dudas, el gobierno federal y los agentes de ICE que juegan a Rambo no respetan a Puerto Rico ni a sus ciudadanos.
Para ellos (los agentes y oficiales estadounidenses), los boricuas somos seres exóticos e inferiores que no merecemos respeto, libertad ni autogobierno. Desde una perspectiva histórica solo merecemos migajas y mano dura, a menos que obedezcamos y les mostremos amor, lealtad y respeto como país colonizado.
Tristemente, el PNP y el PPD, en su afán por aparentar lealtad a Estados Unidos, terminan justificando y aplaudiendo de forma vergonzosa actuaciones del gobierno federal que merecen un cuestionamiento mucho más firme. El propio comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández Rivera, el “príncipe político” del PPD y nieto del exgobernador Rafael Hernández Colón, ha defendido la aplicación de las leyes migratorias “sin violencia” y con “respeto a los derechos humanos”. Para quienes consideran abusivas estas intervenciones, semejante distinción resulta insuficiente: es como aceptar la humillación siempre que no haya bofetadas.
Las diferencias políticas seguirán existiendo del mismo modo que las controversias migratorias también exigirán respuestas jurídicas y públicas. Pero hay un principio que debe mantenerse: el poder del gobierno nunca reemplaza la obligación de rendir cuentas. Que nuestra historia nos inspire a examinar cada actuación con valentía, a defender con firmeza el debido proceso migratorio y a reconocer la humanidad y dignidad de nuestros hermanos inmigrantes.
Porque el verdadero valor de una sociedad también se refleja en cómo se trata a quienes tienen menos poder para defenderse.
¡Que nunca falten en Borinquén la dignidad, la justicia y la voz de su pueblo!
Periodismo Independiente con Propósito
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