Cuatro meses después de su implementación, la plataforma continúa bajo investigación legislativa. La controversia plantea interrogantes sobre la supervisión de Deloitte y Ethree Solutions, la continuidad de servicios esenciales y las razones para no activar una alternativa temporal de pagos.
Por Francisco El Jimagua Cartagena Méndez
NotiDigitalPR — Periodismo Independiente con Propósito
Puerto Rico, 10 de noviembre de 2026. — La implementación del sistema financiero gubernamental Íntegra PR, presentado como una herramienta para modernizar la administración de los fondos públicos, se ha convertido en objeto de cuestionamientos por los atrasos en los pagos a contratistas y suplidores de distintas agencias. Entre los afectados figuran transportistas escolares, proveedores vinculados al Departamento de Salud y otros trabajadores cuyos servicios dependen de que el Gobierno procese oportunamente sus facturas.La controversia adquiere mayor relevancia porque las dificultades persisten cuatro meses después del lanzamiento de la plataforma, el 8 de julio de 2026. Mientras las autoridades destacan los desembolsos realizados y los avances de la transición tecnológica, las denuncias sobre facturas pendientes, problemas de acceso y obstáculos administrativos han motivado una investigación del Senado de Puerto Rico.
La situación plantea una interrogante que trasciende el funcionamiento de un programa informático: ¿por qué el Gobierno continúa dependiendo de una plataforma que presenta dificultades para procesar obligaciones económicas, sin que se haya explicado públicamente si existe una alternativa temporal que garantice los pagos a quienes prestan servicios esenciales?
Una modernización tecnológica que enfrenta problemas desde julio
Íntegra PR es un sistema de planificación de recursos empresariales, conocido por sus siglas en inglés ERP (Enterprise Resource Planning), basado en tecnología Oracle Cloud. Su propósito es integrar procesos financieros, presupuestarios, contables y administrativos que anteriormente operaban mediante distintas plataformas gubernamentales.Según la información oficial del proyecto, la iniciativa contempla la participación de 62 agencias y una implantación por fases. El objetivo anunciado era fortalecer la eficiencia, la transparencia y la capacidad de supervisar las transacciones públicas. Sin embargo, desde agosto comenzaron a documentarse dificultades para registrar facturas, tramitar pagos y completar procedimientos que antes se realizaban mediante sistemas separados. Estas complicaciones generaron preocupaciones sobre la capacidad económica de suplidores que dependen de los desembolsos gubernamentales para continuar operando.
La controversia no consiste únicamente en determinar cuántas transacciones puede completar Íntegra PR, sino también en establecer cuáles permanecen pendientes, durante cuánto tiempo y qué consecuencias ocasionan a los ciudadanos que dependen de los servicios contratados.
Transportistas escolares: servicios prestados y pagos pendientes
Uno de los sectores que ha denunciado atrasos es el de los transportistas escolares contratados para movilizar estudiantes del sistema público, incluidos menores que reciben servicios de educación especial. Las dificultades en el procesamiento de pagos adquirieron protagonismo durante la vista celebrada el 9 de noviembre por la Comisión de Relaciones Federales y Viabilización del Mandato del Pueblo para la Solución del Estatus del Senado, presidida por Carmelo Ríos Santiago.Durante la audiencia se expuso que miles de contratistas enfrentan obstáculos para presentar sus facturas y que el Departamento de Educación había identificado dificultades relacionadas con la nueva plataforma. También se señalaron problemas con transacciones pendientes y con el procesamiento de determinadas partidas presupuestarias.
La senadora Roxanna Soto Aguilú indicó que en Educación existen más de 6,000 transacciones que afectan el funcionamiento de la plataforma e impiden emitir pagos de una partida. Esta cifra no debe confundirse con un número verificado de transportistas afectados, pues corresponde a transacciones administrativas señaladas durante la audiencia.
La senadora María de Lourdes Santiago Negrón también expresó preocupación por las consecuencias que los atrasos podrían tener para los estudiantes si los contratistas dejan de prestar sus servicios.
Cuando un transportista cumple con sus rutas, incurre en gastos de combustible, mantenimiento, seguros y personal. La demora en recibir el pago correspondiente no desaparece porque una plataforma presente dificultades técnicas. Por el contrario, puede trasladar a pequeños empresarios y trabajadores una carga financiera que corresponde resolver a la administración pública.
¿A cuánto aciende el contrato de la empresa que sigue sin operar eficientemente? ¿Cuánto adeuda el gobierno a los suplidores?
Los suplidores del Departamento de Salud también figuran entre los afectados
Los problemas asociados con Íntegra PR no se limitan al Departamento de Educación. El 24 de agosto, legisladores de la oposición denunciaron atrasos en pagos a suplidores y empleados de distintas agencias, incluidos programas vinculados al Departamento de Salud. Las reclamaciones comprendían facturas de meses anteriores y dificultades administrativas relacionadas con la transición tecnológica.No obstante, el Gobierno presentó una versión distinta sobre el alcance del funcionamiento del sistema. En una comunicación difundida durante agosto, Deloitte sostuvo que Íntegra PR había procesado miles de facturas y desembolsos millonarios. Posteriormente, la administración gubernamental informó que, hasta el 21 de agosto, se habían emitido 6,028 pagos y que 5,791 suplidores habían recibido al menos un desembolso. Salud figuraba entre las agencias con mayores cantidades pagadas.
Ambos conjuntos de información deben examinarse conjuntamente. Que una agencia registre desembolsos no significa necesariamente que todas sus obligaciones estén al día; de igual manera, la existencia de reclamaciones pendientes no demuestra que la totalidad de sus pagos esté paralizada.
Al cierre de esta reseña, no se dispone de un desglose público actualizado que permita establecer con precisión cuánto adeuda el Departamento de Salud a sus suplidores como consecuencia directa de los problemas de Íntegra PR, cuáles programas concentran las mayores demoras y cuántos proveedores continúan esperando el pago de servicios prestados.
Esa información resulta indispensable para determinar la magnitud real del problema y sus posibles consecuencias para la prestación de servicios de salud.
Deloitte y Ethree Solutions: contratos millonarios bajo escrutinio
La investigación senatorial también ha puesto atención en las empresas privadas vinculadas con la selección, implementación y transición del sistema. Según la información presentada por la comisión legislativa, el Gobierno suscribió el 2 de noviembre de 2022 un contrato con Deloitte por aproximadamente $73.1 millones, que contemplaba 44 entregables relacionados con el proyecto.
Por su parte, Ethree Solutions participó en distintas etapas de asesoramiento y acompañamiento institucional. La documentación examinada por el Senado incluye contratos de asesoría y uno firmado en diciembre de 2025, con una cuantía máxima aproximada de $4.4 millones para siete meses de servicios.
Estas cifras corresponden a compromisos contractuales identificados por la comisión y no deben interpretarse automáticamente como cantidades desembolsadas en su totalidad.
Durante la vista del 9 de noviembre compareció Alberto J. Cordero, fundador y presidente de Ethree Solutions, quien explicó aspectos de la transición y del adiestramiento de los usuarios.
Según su exposición, el proyecto comprendió aproximadamente 60 agencias y más de 8,000 usuarios. También indicó que, al finalizar octubre, más del 90 % de los usuarios había recibido algún tipo de capacitación y que la cantidad de pagos procesados había aumentado desde julio.
Cordero aclaró, además, que Ethree no evaluó el desempeño de Deloitte ni sus entregables, una distinción relevante al momento de establecer las responsabilidades particulares de cada empresa. Deloitte no compareció a la audiencia del 9 de noviembre. La comisión senatorial anunció una nueva citación para el jueves 12 de noviembre, con el propósito de recibir explicaciones sobre su participación en la implementación y las dificultades identificadas.
¿Por qué no regresar al sistema anterior mientras se corrigen las fallas?
Una de las preguntas principales que surge de esta investigación es si el Gobierno evaluó mantener operativos, de manera paralela, los sistemas financieros anteriores durante la transición hacia Íntegra PR.La sustitución de plataformas gubernamentales requiere no solamente incorporar tecnología nueva, sino también preservar la continuidad de los servicios y contar con procedimientos alternos cuando surgen errores.
Durante la audiencia senatorial del 9 de noviembre se produjo una revelación particularmente significativa: al ser interrogado sobre el antiguo sistema PeopleSoft, Cordero manifestó que, cuando Ethree comenzó sus trabajos en 2022, el Departamento de Hacienda no pudo mostrarles ni reproducir esa plataforma.
También reconoció la existencia de obligaciones de mantenimiento pendientes relacionadas con PeopleSoft, aunque no precisó la cantidad adeudada. Este señalamiento plantea interrogantes sobre la conservación de los sistemas anteriores, la disponibilidad de sus registros y la planificación de contingencias durante la modernización tecnológica.
No se ha establecido que regresar a PeopleSoft o a otras plataformas anteriores sea actualmente viable sin trabajos técnicos adicionales. Sin embargo, esa incertidumbre hace todavía más importante conocer si Hacienda, la Oficina de Gerencia y Presupuesto y las empresas contratadas evaluaron formalmente la posibilidad de una operación paralela, una reversión parcial o mecanismos alternos para procesar pagos urgentes.
La propia comisión senatorial examinó la alternativa de tramitar facturas manualmente, aunque se advirtió que cada transacción podría requerir entre 45 minutos y una hora y media, lo que dificultaría atender un volumen de miles de solicitudes. La pregunta fundamental no es solamente si puede apagarse Íntegra PR, sino qué plan concreto existe para garantizar que los contratistas cobren mientras se resuelven sus fallas.
Una nueva preocupación: ¿está preparado el sistema para manejar la nómina pública?
La controversia podría adquirir mayores dimensiones ante los planes de incorporar a Íntegra PR el procesamiento de la nómina de empleados públicos durante 2027. Según información divulgada el 9 de noviembre, la ampliación de funciones permanece bajo evaluación debido a las dificultades experimentadas en el procesamiento de pagos a contratistas y suplidores.
El presidente de Ethree Solutions no pudo garantizar que la plataforma estuviera preparada para asumir esa responsabilidad en enero de 2027 y consideró prudente posponer su activación hasta completar pruebas adicionales. La incorporación de una nómina gubernamental representa una responsabilidad de considerable magnitud. Cualquier deficiencia en el procesamiento de salarios podría extender las consecuencias del problema a empleados públicos y sus familias.
Por ello, resulta necesario conocer qué pruebas técnicas, auditorías y mecanismos de contingencia se exigirán antes de autorizar nuevas funciones.
Tatito’s Transport anuncia suspensión de rutas escolares por falta de pago: estudiantes de tres municipios enfrentan incertidumbre
La crisis de pagos a los transportistas escolares de Puerto Rico adquiere nuevas consecuencias para la comunidad estudiantil. La compañía Tatito’s Transport anunció la suspensión de sus servicios a partir del martes, 10 de noviembre de 2026, debido a los atrasos en los desembolsos del Departamento de Educación.
Según informó José Rosado Rolón, presidente de la Federación de Porteadores Escolares de Puerto Rico, la interrupción comprende servicios en instituciones educativas de Trujillo Alto, San Juan y Loíza.
La situación surge mientras el sector reclama aproximadamente $9.5 millones por servicios previamente prestados. La falta de liquidez dificulta que las empresas puedan cubrir combustible, mantenimiento, seguros y salarios, gastos indispensables para mantener las rutas escolares.
El anuncio evidencia que la controversia sobre los pagos gubernamentales ya no se limita a procedimientos administrativos: amenaza con afectar directamente la continuidad educativa de los estudiantes.
Al momento de esta información, permanece pendiente confirmar cuántos alumnos dependen de las rutas de Tatito’s Transport, cuáles escuelas están afectadas y qué alternativas ha establecido el Departamento de Educación para garantizar su transportación.
La responsabilidad del Gobierno y las preguntas pendientes
La administración de la gobernadora Jenniffer González Colón ha defendido la modernización de los sistemas financieros del Gobierno como parte de sus esfuerzos para mejorar la eficiencia y transparencia institucional.
En agosto, funcionarios gubernamentales informaron que Íntegra PR había procesado más de $1,300 millones en desembolsos y aseguraron que miles de suplidores habían recibido pagos mediante la nueva plataforma. Sin embargo, los desembolsos realizados no eliminan la necesidad de explicar los atrasos que continúan denunciándose. La responsabilidad de supervisar una contratación pública no concluye con la adquisición de tecnología ni con la firma de acuerdos millonarios. También comprende verificar el cumplimiento de los entregables, atender las deficiencias identificadas y garantizar que las agencias puedan continuar prestando sus servicios.
A partir de la documentación examinada, NotiDigitalPR identifica varias preguntas que requieren respuestas oficiales:
¿Cuánto dinero se ha desembolsado efectivamente a Deloitte y Ethree Solutions, y cuáles entregables contractuales han sido aceptados?
¿Cuál es la cantidad actual de facturas pendientes en Educación y Salud, y cuánto tiempo llevan esperando los suplidores?
¿Qué medidas ha tomado Hacienda para garantizar pagos a transportistas escolares, proveedores de salud y otros contratistas afectados?
¿Por qué no se mantuvieron sistemas anteriores operando paralelamente durante la transición y qué evaluación técnica existe sobre la posibilidad de utilizarlos temporalmente?
¿Quién autorizó la entrada en funcionamiento de Íntegra PR y qué pruebas de preparación respaldaron esa decisión?
¿Qué mecanismos de supervisión y cumplimiento contractual se han activado frente a las dificultades documentadas?
¿Qué garantías se exigirán antes de incorporar la nómina de empleados públicos a la plataforma?
Estas preguntas no presuponen irregularidades contractuales ni incumplimientos individuales demostrados. Constituyen asuntos de interés público que deben examinarse mediante documentos, testimonios, auditorías y respuestas oficiales.
Conclusión: la tecnología debe servir al pueblo, no convertirse en un obstáculo para cobrar
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| Francisco El Jimagua (Archivo) |
La modernización tecnológica del Gobierno puede representar una oportunidad para mejorar la administración de los recursos públicos, reducir procesos burocráticos y fortalecer los mecanismos de fiscalización. No obstante, su éxito debe evaluarse por resultados concretos y no exclusivamente por la cantidad de dinero invertido, las agencias incorporadas o las transacciones completadas.Cuando transportistas escolares, suplidores de salud y otros contratistas enfrentan dificultades para cobrar por servicios prestados, el problema deja de ser exclusivamente tecnológico y adquiere dimensiones económicas, administrativas y sociales. La controversia de Íntegra PR exige establecer qué decisiones se tomaron antes de su implementación, qué responsabilidades corresponden a las empresas contratadas y qué medidas ha adoptado el Gobierno para evitar que los atrasos continúen afectando a los proveedores y a las personas que dependen de sus servicios.
También exige una explicación documentada sobre las alternativas consideradas para garantizar la continuidad de los pagos, incluido el posible uso temporal de sistemas anteriores o procedimientos extraordinarios.
Puerto Rico no necesita únicamente un sistema financiero moderno. Necesita uno que funcione, que permita pagar oportunamente las obligaciones gubernamentales y que responda a las necesidades de la ciudadanía.
La próxima comparecencia de Deloitte ante el Senado, programada para el 12 de noviembre, representa una oportunidad para esclarecer aspectos fundamentales de la implementación del proyecto. La información que surja de esa audiencia deberá examinarse junto con los contratos, las obligaciones pendientes y las respuestas de las agencias responsables. Hasta entonces, permanece abierta una pregunta esencial: ¿cuánto tiempo más deberán esperar quienes ya cumplieron con su trabajo para recibir el dinero que se les adeuda?
Síntesis de la Evidencia: Íntegra PR y los Pagos a Suplidores
Seis hallazgos principales de la reseña investigativa de NotiDigitalPR:
1. Persisten dificultades en los pagos gubernamentales. Cuatro meses después de implementarse Íntegra PR, continúan las denuncias de atrasos en facturación y desembolsos a contratistas y suplidores.
2. Los transportistas escolares reclaman pagos millonarios. El sector ha denunciado aproximadamente $9.5 millones pendientes por servicios prestados, situación que podría comprometer la continuidad del transporte estudiantil.
3. Los problemas también alcanzan al Departamento de Salud. Se han denunciado atrasos a suplidores vinculados con programas de salud, aunque falta un desglose actualizado de las cantidades pendientes.
4. Los contratos tecnológicos requieren mayor fiscalización. El contrato inicial de Deloitte ascendió a aproximadamente $73.1 millones. La investigación legislativa busca esclarecer responsabilidades, entregables y deficiencias de implementación.
5. No se ha esclarecido la viabilidad de regresar temporalmente a los sistemas anteriores. La investigación plantea dudas sobre la conservación de las plataformas sustituidas y la existencia de mecanismos alternos para garantizar los pagos.
6. La continuidad de los servicios públicos exige respuestas concretas. Es necesario establecer las deudas pendientes, los plazos de pago, las responsabilidades contractuales y las medidas de contingencia antes de ampliar las funciones de Íntegra PR.
Periodismo Independiente con Propósito
Fuentes Consultadas
Nota editorial: Esta reseña integra información pública disponible hasta el 10 de noviembre de 2026. Las cantidades contractuales no representan necesariamente desembolsos efectuados; las reclamaciones de atrasos y las explicaciones gubernamentales se presentan con sus respectivas atribuciones. La investigación permanece abierta a documentación adicional y respuestas de las partes involucradas.
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