Por Francisco El Jimagua Cartagena Méndez
NotiDigitalPR | Puerto Rico | 10 de noviembre de 2026
La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón, aseguró que cualquier dinero que el Gobierno logre recuperar de New Fortress Energy por presuntos incumplimientos en el suministro de gas natural deberá acreditarse a los consumidores en sus facturas de electricidad. Sin embargo, la propuesta plantea interrogantes sobre las cantidades que realmente han pagado los abonados, el alcance de la reclamación judicial y el procedimiento que permitiría efectuar los créditos.
La controversia gira en torno a una reclamación que supera los $100 millones, relacionada con los costos y consecuencias de las interrupciones en el suministro de gas natural para la generación eléctrica. El Gobierno sostiene que los incumplimientos de la empresa han obligado a recurrir a combustibles alternos, particularmente diésel, cuyo costo puede resultar mayor.
Una reclamación millonaria que todavía no representa dinero recuperado
La demanda contra New Fortress Energy forma parte de una controversia contractual iniciada durante el verano de 2026. La administración gubernamental busca recuperar cantidades asociadas con el incumplimiento que atribuye a la compañía, mientras continúan las gestiones para garantizar el abastecimiento de combustible a las centrales generatrices.
La gobernadora manifestó que cualquier recuperación económica debe beneficiar a los clientes del sistema eléctrico mediante créditos en sus facturas.
No obstante, la cantidad reclamada judicialmente no equivale a una suma que el Gobierno haya recibido. Tampoco representa, por sí sola, una devolución aprobada para los consumidores.
Para que el anuncio se convierta en un beneficio económico concreto, será necesario determinar cuánto dinero se recupera, qué conceptos cubre y mediante qué procedimiento se distribuiría entre los abonados.
El Negociado de Energía introduce una interrogante fundamental
Uno de los aspectos que requiere mayor esclarecimiento surge de las declaraciones realizadas el 20 de octubre por el presidente del Negociado de Energía de Puerto Rico, Edison Avilés Deliz.
Según explicó entonces, los aproximadamente $100 millones vinculados con la reclamación contra New Fortress no habían sido trasladados a las tarifas eléctricas de los consumidores, mientras permanecía pendiente determinar quién debía asumir esos costos.
Esa información introduce una distinción importante entre los gastos reclamados por el Gobierno y las cantidades efectivamente facturadas a los clientes.
Si los costos específicos de la reclamación no se habían incorporado a las facturas, corresponde esclarecer qué fondos serían objeto de devolución, si existen otros sobrecostos que sí hayan sido pagados por los consumidores y si la situación tarifaria ha cambiado desde octubre.
La diferencia resulta fundamental para evaluar el alcance de la promesa gubernamental y evitar que se confunda una posible recuperación contractual con un reembolso de cargos previamente cobrados.
La sustitución del gas por diésel y sus consecuencias económicas
Las dificultades con el suministro de gas natural han afectado la operación de unidades generatrices de la Central San Juan, donde ha sido necesario utilizar diésel como combustible alterno.
El uso de combustibles más costosos puede aumentar los gastos de generación eléctrica y ejercer presión sobre los ajustes tarifarios. Sin embargo, determinar cuánto de ese costo adicional ha sido trasladado a los consumidores requiere examinar los mecanismos de facturación y las determinaciones del Negociado de Energía.
La controversia también evidencia la importancia de garantizar un suministro continuo de combustible para evitar interrupciones operacionales y gastos extraordinarios.
Gobierno busca nuevos suplidores de gas natural
González Colón adelantó que espera conocer durante esta semana cómo continuará el reclamo contra New Fortress y cuáles compañías podrían participar en el suministro de gas natural a las instalaciones afectadas.
La mandataria favoreció diversificar los proveedores para reducir la dependencia de una sola empresa. También señaló que el contrato que originó la controversia fue heredado de administraciones anteriores.
Entre los asuntos pendientes se encuentran las condiciones económicas de los nuevos acuerdos, los plazos para comenzar las entregas y la disponibilidad de infraestructura para recibir el combustible.
La contratación de proveedores adicionales podría contribuir a la continuidad operacional, aunque su efecto sobre las tarifas dependerá de los costos finales y de las condiciones de suministro.
¿Cómo se acreditaría el dinero a los consumidores?
Hasta el momento, las declaraciones examinadas no establecen un mecanismo definitivo para distribuir entre los abonados cualquier cantidad recuperada mediante la reclamación judicial.
Persisten preguntas sobre si los créditos serían automáticos, si beneficiarían a todos los clientes o solamente a determinados grupos y cómo se calcularía la cantidad correspondiente a cada factura.
También debe aclararse si el dinero recuperado estaría destinado a compensar cargos previamente facturados o a reducir costos futuros del sistema eléctrico.
La participación del Negociado de Energía y la identificación de los conceptos económicos incluidos en cualquier acuerdo o sentencia serán determinantes para conocer el alcance real del beneficio anunciado.
Una promesa pendiente de resultados
La controversia con New Fortress Energy coloca nuevamente en discusión la relación entre los contratos de suministro de combustible, los costos de generación eléctrica y la responsabilidad de proteger económicamente a los consumidores.
La propuesta de acreditar a los abonados cualquier dinero recuperado representa un compromiso expresado por la gobernadora, pero su cumplimiento dependerá del resultado de los procedimientos judiciales y de decisiones administrativas y regulatorias posteriores.
Mientras tanto, continúa sin establecerse públicamente una cantidad individual de devolución ni una fecha para efectuar posibles créditos.
La cuestión central no es solamente cuánto dinero reclama el Gobierno a New Fortress, sino cuánto de ese dinero corresponde a gastos realmente asumidos por los consumidores y qué garantías existirán para que cualquier recuperación económica se traduzca en un beneficio verificable en sus facturas.
Periodismo Independiente con Propósito
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