Investigan presunto esquema de fraude con terrenos públicos en Puerto Rico mediante escrituras y certificaciones falsas

 

Por: Francisco J. Cartagena Méndez – El Jimagua

Noticia Informativa | El Departamento de Justicia de Puerto Rico investiga un presunto esquema de apropiación irregular de terrenos públicos mediante escrituras y certificaciones que contienen firmas presuntamente falsificadas de exfuncionarios gubernamentales. La investigación periodística que dio a conocer las irregularidades identificó 107 documentos sospechosos relacionados con propiedades de distintas agencias públicas, de los cuales al menos 29 fueron identificados como falsos y 21 lograron inscribirse en el Registro de la Propiedad.

Documentos sospechosos y terrenos afectados

Los hallazgos fueron divulgados el 3 de noviembre de 2026 mediante una investigación conjunta del Centro de Periodismo Investigativo (CPI) y el programa Rayos X de Telemundo Puerto Rico. El trabajo identificó transacciones sospechosas relacionadas con terrenos del Departamento de la Vivienda, la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) y la Autoridad de Tierras.

Las operaciones examinadas comprenden propiedades ubicadas en al menos 27 municipios, entre ellos Isabela, Barceloneta, Guayama, Arecibo, Guaynabo, Santa Isabel, Toa Baja y Caguas. Según los hallazgos, algunos terrenos fueron inscritos a nombre de particulares o corporaciones mediante documentos que aparentaban acreditar ventas realizadas por el Gobierno de Puerto Rico años antes.

Las 107 certificaciones y escrituras sospechosas fueron presentadas en el Registro de la Propiedad entre 2021 y 2026, aunque muchas contenían fechas correspondientes al periodo de 2001 a 2008. Esta diferencia temporal constituye uno de los elementos examinados por los investigadores, junto con la autenticidad de las firmas y la documentación notarial.

Cómo funcionaba el presunto esquema

La investigación identificó un patrón mediante el cual se presentaban documentos de compraventa supuestamente otorgados por agencias gubernamentales años atrás. Una vez inscritos los terrenos a nombre de particulares, algunas propiedades eran transferidas a otras personas o corporaciones, segregadas en parcelas y posteriormente revendidas.

Entre las irregularidades detectadas figuran documentos atribuidos a notarios fallecidos, escrituras que no aparecen en los índices notariales correspondientes y certificaciones con firmas que exfuncionarios públicos aseguran no haber autorizado.

El mecanismo investigado habría permitido que terrenos pertenecientes al patrimonio público pasaran a manos privadas sin que las agencias gubernamentales reconocieran haber realizado determinadas transacciones.

Vivienda niega haber realizado las ventas examinadas

El secretario del Departamento de la Vivienda, Luis Augusto Martínez Román, confirmó mediante declaraciones escritas que la agencia no realizó las transacciones específicas sometidas a su evaluación por los investigadores periodísticos.

El funcionario indicó que Vivienda continúa examinando la información para determinar las acciones administrativas o legales correspondientes, una vez concluya su evaluación.

Por su parte, la Autoridad de Tierras informó que no encontró constancia de una venta relacionada con terrenos del barrio Palmas Altas, en Barceloneta. La Autoridad de Carreteras y Transportación también examina una transacción de aproximadamente $69,000 en Caguas, cuya documentación presenta irregularidades.

Exfuncionarios denuncian falsificación de firmas

Entre los exfuncionarios cuyos nombres aparecen en documentos cuestionados figuran Julia Torres Hernández, exdirectora ejecutiva de la Administración de Desarrollo y Mejoras de Vivienda; Jorge Rivera Jiménez, exsecretario de Vivienda; y Carlos Gerardo Laboy Díaz, exadministrador de Vivienda Pública.

Los exfuncionarios identificaron irregularidades en documentos que supuestamente autorizaban transacciones de terrenos gubernamentales. Entre estas señalaron firmas que no reconocen, información personal incorrecta y atribuciones de funciones que no correspondían a los cargos que ocuparon.

Torres Hernández presentó denuncias ante distintas agencias, incluyendo la Policía de Puerto Rico y el Negociado Federal de Investigaciones (FBI), por el presunto uso indebido de su identidad.

Justicia mantiene una investigación abierta

El Departamento de Justicia confirmó que inició una pesquisa en octubre de 2026 relacionada con las transacciones identificadas. La investigación deberá examinar la autenticidad de los documentos, las circunstancias en que fueron presentados e inscritos y las posibles responsabilidades de las personas involucradas.

Los hallazgos también plantean interrogantes sobre los controles utilizados para verificar la legitimidad de escrituras y certificaciones relacionadas con propiedades gubernamentales. Hasta el momento, la información disponible no permite establecer cuántos terrenos podrán recuperarse, cuál es el valor económico total de las propiedades afectadas ni qué determinaciones finales adoptarán las autoridades.

El desarrollo de la investigación será determinante para esclarecer el alcance del presunto fraude y establecer las medidas legales necesarias para proteger y, cuando corresponda, recuperar terrenos pertenecientes al patrimonio público de Puerto Rico.

Desarrollo Costero y Vulnerabilidad Ambiental: Una Preocupación Adicional

Como parte de nuestra investigación sobre las irregularidades en la disposición de terrenos públicos, entendemos importante examinar una problemática más amplia en Puerto Rico: el desarrollo de viviendas, complejos residenciales y propiedades de lujo en áreas costeras ambientalmente vulnerables, así como los mecanismos mediante los cuales se autorizan construcciones, se otorgan permisos y se transfieren terrenos pertenecientes al patrimonio público puertorriqueño. Esta preocupación adquiere particular relevancia ante las interrogantes que plantea la investigación actual sobre la titularidad de los terrenos, la legitimidad de las transacciones y la fiscalización gubernamental.

La construcción en estas zonas, particularmente cuando se realiza sin una planificación territorial adecuada, puede aumentar la exposición de las propiedades a la erosión, las inundaciones y el ascenso del nivel del mar. Esta situación plantea interrogantes sobre los criterios utilizados para autorizar proyectos inmobiliarios y sobre las consecuencias económicas que podrían enfrentar sus propietarios y las comunidades circundantes.

Además, la transformación de terrenos costeros para desarrollos residenciales puede afectar ecosistemas como manglares, dunas, humedales y arrecifes, que desempeñan funciones fundamentales en la protección natural del litoral. La eliminación o alteración de estas barreras puede intensificar los efectos del oleaje y las marejadas, comprometer la biodiversidad y aumentar la vulnerabilidad de las comunidades ante fenómenos meteorológicos extremos. En este contexto, la protección de los terrenos públicos y la fiscalización del desarrollo inmobiliario adquieren una dimensión que trasciende la titularidad de las propiedades y alcanza la conservación ambiental, la seguridad de la población y el futuro de las costas puertorriqueñas.

Fuentes Consultadas

Centro de Periodismo Investigativo. (2026, 3 de noviembre). Se apropian de terrenos públicos mediante esquema con certificaciones y escrituras falsas. https://periodismoinvestigativo.com/2026/11/apropian-terrenos-gobierno-escrituras-falsas/

Telemundo Puerto Rico. (2026, 3 de noviembre). Rayos X y el CPI destapan escandaloso esquema de terrenos públicos. https://www.telemundopr.com/noticias/puerto-rico/rayos-x-y-el-cpi-destapan-escandaloso-esquema-de-terrenos-publicos/2858095/