La orden judicial busca proteger a ciudadanos estadounidenses de interrogatorios e investigaciones basados en registros potencialmente erróneos durante las elecciones de medio término.
NotiDigitalPR | Noticias Internacionales
23 de octubre de 2026
La decisión fue emitida por la jueza Araceli Martínez-Olguín, del Tribunal Federal para el Distrito Norte de California, y afecta a California, Connecticut, Georgia, Missouri, Nevada, Nueva York, Pensilvania, Washington y Wisconsin.
La orden cautelar estará vigente desde las 5:00 p. m. del viernes 23 de octubre hasta las 8:00 p. m., hora local, del 3 de noviembre de 2026, fecha de las elecciones legislativas de medio término.
Operativos migratorios bajo escrutinio judicial
La resolución impide al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) realizar determinadas operaciones de campo e interrogatorios relacionados con las elecciones cuando involucren a personas que los agentes saben, sospechan o razonablemente deberían sospechar que son ciudadanos estadounidenses.
También restringe investigaciones sustentadas exclusivamente en registros generados por una política federal destinada a identificar posibles irregularidades en la elegibilidad de votantes.
Estas actividades formaban parte de la denominada Iniciativa de Votantes Ilegales, impulsada por la administración del presidente Donald Trump en agosto de 2026 como parte de sus esfuerzos para investigar posibles casos de fraude electoral.
La medida judicial no representa una suspensión general de todas las operaciones migratorias en los nueve estados, sino una restricción específica sobre las actuaciones vinculadas con la investigación de votantes.
Millones de registros y riesgo de identificar erróneamente a ciudadanos
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Según la resolución, el Gobierno federal elaboró listas de posibles objetivos mediante el procesamiento de casi 100 millones de registros procedentes de distintas fuentes.
La jueza advirtió que la ausencia de una base de datos federal completa sobre ciudadanía aumenta considerablemente la posibilidad de errores, incluida la identificación de ciudadanos estadounidenses como presuntos infractores.
El tribunal también examinó el efecto intimidatorio que pueden producir las visitas de agentes armados a residencias particulares y la difusión pública de arrestos relacionados con las investigaciones.
De acuerdo con la evaluación judicial, estas prácticas han generado temor entre personas que participan en actividades de educación electoral, asistencia a votantes y movilización ciudadana.
Organizaciones civiles impulsaron la demanda
La jueza determinó que las organizaciones demandantes tienen una probabilidad considerable de prevalecer en su reclamación bajo la Sección 11(b) de la Ley de Derecho al Voto, que prohíbe las prácticas de intimidación dirigidas contra quienes participan en el proceso electoral.
El tribunal consideró que el interés público en garantizar elecciones libres de intimidación tiene mayor peso que el interés gubernamental en utilizar los métodos de investigación cuestionados durante este período.
Una decisión a días de las elecciones
La intervención judicial ocurre cuando Estados Unidos se aproxima a las elecciones de medio término del 3 de noviembre, en las que se renovarán escaños del Congreso y se decidirán diversas contiendas estatales y locales.
La resolución coloca bajo escrutinio los mecanismos utilizados por las autoridades federales para investigar presuntas irregularidades electorales y plantea interrogantes sobre el equilibrio entre las facultades de investigación del Gobierno y las garantías de participación ciudadana.
Por el momento, la orden constituye una medida cautelar que limita las operaciones identificadas por el tribunal durante el período previo a la jornada electoral.
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